No puedo hablar por el Reino Unido: sin embargo, puedo hablar por Canadá, cuyo gobierno se basa en el modelo inglés de democracia parlamentaria (el Sistema de Westminster).
Este sistema se basa fundamentalmente en una clara separación de poderes entre tres componentes: el Parlamento; el Ejecutivo (básicamente el Consejo Privado -o Gabinete- encabezado por el Primer Ministro que atiende el gobierno diario del Estado; y el Poder Judicial.
En este contexto, el Parlamento tiene el poder exclusivo de promulgar leyes, ya que esa institución es directamente responsable ante el electorado.
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El Poder Judicial, considerado imparcial ya que no es responsable ante el electorado (a diferencia de los Estados Unidos), interpreta esas leyes para su aplicación práctica basada principalmente en los principios del Derecho Común considerando los argumentos a favor y en contra presentados por los litigantes.
En este contexto, la Corte Suprema, el más alto nivel de la autoridad judicial, puede “revocar” una ley dada, o parte de ella (dictaminando que es inválida en su totalidad o en parte). Sin embargo, no tiene poder para enmendar o derogar la ley en cuestión.
El Parlamento es la única institución que puede hacerlo. Aún así, el Parlamento está constitucionalmente obligado a considerar la sentencia del tribunal. Dado que para entonces la Corona (hablando en nombre del Ejecutivo) habrá discutido y perdido su caso ante la Corte Suprema, el Parlamento, por instigación del Ejecutivo, presentará enmiendas para alinear la ley con el fallo, o tal vez incluso un proyecto de ley derogar, sujeto a la naturaleza y detalles del juicio. Cualquier propuesta legislativa de este tipo está sujeta al proceso establecido para el debate y está sujeta a un voto en la Cámara de los Comunes y la revisión de la Cámara Alta (en el caso de Canadá) del Senado.
La Corte Suprema bien puede proporcionar orientación al Parlamento a este respecto, quizás incluso recomendando un marco de tiempo para resolver el asunto. Pero solo el Parlamento hará la última llamada. Sin embargo, sería raro que ignoren el juicio, ya que esto podría provocar una crisis constitucional.
En resumen, la Corte Suprema explicará en su sentencia por qué la ley no es válida. Y el Parlamento determinará cómo conciliar la ley con la sentencia del Tribunal. Este sistema ha funcionado bastante bien durante siglos, por lo que deben haber hecho algo bien.